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La jurisprudencia en materia de incumplimiento contractual y sus consecuencias se ha enfrentado en los últimos años a los problemas derivados de la actual crisis económica. El contenido de las pretensiones de las partes se ajusta a circunstancias cambiantes y se suscitan nuevos retos a los que se intenta dar respuesta adecuada. En esta evolución destaca, sobremanera, el reiterado recurso por parte del Tribunal Supremo a textos que no están en vigor. Una somera mirada a las resoluciones de los tribunales nos muestra la frecuencia con la que se invocan criterios derivados del soft law, especialmente los Principios Europeos de Derecho contractual (PECL) y el Marco Común de referencia (DCFR), y, en alguna medida, las soluciones de la Propuesta de Modernización del Derecho de obligaciones y contratos, publicada por el Ministerio de Justicia en el año 2009. Estas relativas «novedades» conviven y se interrelacionan con temas clásicos y recurrentes sobre el incumplimiento y, en particular, la «tutela resolutoria»: la relación con otras pretensiones, sus presupuestos y sus efectos.